Los jueces, y los letrados en general, suelen enfrentar dificultades para comprender los informes técnicos debido a la complejidad de los conceptos y del lenguaje especializado que emplean los ingenieros o los expertos técnicos.
La falta de formación científica o técnica puede generar interpretaciones erróneas o una valoración incompleta de la evidencia.
A menudo, los conceptos y cálculos incluidos requieren conocimientos avanzados ajenos al ámbito jurídico.
Esto puede provoca una dependencia de los peritos o disputas sobre la validez metodológica de un peritaje, cuyo contenido fundamental finalmente es «presentado» o «revocado» a través de los abogados a los jueces.
En consecuencia, la comunicación entre el ámbito técnico y el jurídico se vuelve esencial para garantizar decisiones judiciales bien fundamentadas.

